Economia

domingo, 19 de abril de 2015

Especial: El decreto de Obama

Desde que el mandatario estadounidense, Barack Obama, emitió el pasado 9 de marzo una orden ejecutiva declarando a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" para su país, el Gobierno nacional ha promovido la idea de una posible invasión o incursión militar por parte de EEUU. 

"Nos podemos dejar que este decreto esté como una espada de Damocles aquí, en el cuello de nuestros niñas y niñas (... ) y que Estados Unidos diga un día: ahora sí, bloqueo contra Venezuela, invasión contra Venezuela. En todos los países donde se sacó un decreto así, después vino una invasión", ha asegurado en varias oportunidades el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la teoría de la invasión ha sido descartada por distintos expertos en Derecho Internacional Público por varias razones. El decano asociado del Postgrado de Estudios Internacionales de la Universidad Internacional de Florida (EEUU), Manuel Gómez, afirma que no en todos los casos las órdenes ejecutivas que declaran una amenaza van acompañadas de una intervención militar. Un ejemplo de ello fue el caso colombiano. A mediados de los años 90, el entonces presidente norteamericano Bill Clinton declaró al país neogranadino como una "amenaza inusual y extraordinaria" por razones de narcotráfico. 

Otro argumento radica en que la situación venezolana no representa una amenaza severa contra la paz y la seguridad internacional, que según el especialista en Derecho Internacional Público, Simón Gómez-Guaimara, es lo único que podría habilitar o permitir el uso de la fuerza conforme al Derecho Internacional en un caso específico. "No hay razón alguna para que el gobierno de EEUU se figure siquiera una acción de ese tipo, mucho menos derivado de lo que ocurre en Venezuela".

Violación a DDHH

En la orden ejecutiva se especifica claramente que la situación interna de Venezuela, incluyendo "la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del Gobierno, la persecución a opositores políticos, las restricciones a la libertad de prensa y la presencia exacerbada de la corrupción pública", constituyen una amenaza "a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos", razón por la cual se declara "la emergencia nacional". 

El abogado Manuel Gómez, quien también es investigador asociado en la Universidad de Stanford (EEUU), explica que parte de la política exterior de Estados Unidos es la protección internacional a los derechos humanos. En su criterio, "esa es justificación suficiente para que el presidente (Obama) dicte un decreto de esta naturaleza, porque considera que aunque la violación de los derechos humanos ocurrió fuera de EEUU, no se puede quedar con las manos cruzadas porque su política exterior incluye este tipo de protección". De hecho Obama, antes de viajar a la VII Cumbre de Las Américas, que se llevó a cabo el 11 y 12 de abril en Panamá, dijo que ni EEUU ni el continente deben "mantener silencio" ante la situación en Venezuela.

Por su parte, un importante bufete internacional con presencia en Venezuela y varios países de América Latina y EEUU, explicó a El Universal que aunque la situación política, social y económica del país no tiene relación directa con Estados Unidos; para este país el tema de los derechos humanos es muy importante y en consecuencia, Venezuela será vista por los norteamericanos como un "país no seguro" para sus ciudadanos, negocios e intereses en la medida que se sigan violando derechos humanos en el territorio nacional. Actualmente EEUU es el mayor socio comercial de Venezuela, con un comercio bilateral de más de 40.000 millones de dólares al año.

Reacción en cadena

La medida no solo provocó el rechazó de Maduro, quien la calificó de "infame", sino también del resto de los poderes públicos, que han argumentado que se trata de una "injerencia en los asuntos internos del país" y que la medida viola los derechos humanos del pueblo. Algunos altos funcionarios como el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez, alegan que constituye "una agresión a la soberanía de Venezuela".

La resolución 3.314 de la Asamblea General de la ONU define la agresión como "el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado". Por tanto, desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, el decreto de Obama no puede ser considerado como una "agresión", explica Gómez-Guaimara, ya que la orden ejecutiva no constituye en sí misma un acto o amenaza inminente de instigación a un conflicto armado internacional con el fin de afectar la independencia e integridad territorial de Venezuela. 

Injerencia imperial

Gómez-Guaimara, quien además es profesor de Derecho Internacional Público en la UCV, UCAB y Unimet, aclara que para que la medida ejecutiva pueda ser considerada como una injerencia de EEUU, es necesario que tenga un "efecto extraterritorial", es decir, una influencia en territorio venezolano, lo que efectivamente violaría la soberanía del país; pero la orden presidencial solo tiene aplicabilidad dentro de los límites geográficos de Estados Unidos y afecta exclusivamente a las personas allí mencionadas y no a la población venezolana. 

Los siete funcionarios fueron sancionados con dos tipos de medidas: el bloqueo de capitales y la suspensión de visas. La primera, que es la más polémica por su carácter patrimonial, solo afecta las cuentas y propiedades de los señalados, ubicadas dentro del país americano y no en cualquier otra parte del mundo; mientras que la segunda, está relacionada con la potestad de inmigración, que es una facultad totalmente soberana de cada país, y en este caso solo tiene efecto sobre los siete sancionados y no se extiende al resto de los venezolanos. En otras palabras, ninguna de las dos sanciones recae sobre el Estado venezolano, por tanto, únicamente las personas afectadas pueden ejercer acciones jurídicas en defensa de sus derechos e intereses.

Por su parte, el despacho jurídico internacional, que prefirió mantener en reserva su nombre, destacó que el Derecho Internacional Público permite a Estados Unidos o a cualquier otra nación dictar medidas internas contra extranjeros si demuestra que la actuación de esas personas en otro lugar afecta los intereses internos de su país y si las enlaza a su legislación nacional, en cuyo caso no podrá invocarse el principio de la no injerencia.

El origen de las sanciones

La orden ejecutiva de Obama no surgió de la nada. El decreto se basa en la Ley 2014 para la Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, aprobada por el Congreso de Estados Unidos el pasado 18 de diciembre y con una duración de dos años. A través de esta ley, mejor conocida como Ley de Sanciones contra Venezuela, el órgano legislativo habilita al Ejecutivo estadounidense a que aplique sanciones en casos concretos según su discrecionalidad; en tal sentido queda a juicio de Obama decidir sobré cuáles personas recaerá la medida así como la oportunidad y conveniencia de su aplicación.

El decreto se fundamenta, igualmente, en otras tres normas estadounidenses: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley Nacional de Emergencias y la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.

El investigador adjunto de la Universidad de Stanford explicó que de acuerdo con el derecho norteamericano cuando el Presidente dicta una orden ejecutiva como en el caso venezolano, lo hace en ejercicio de funciones legislativas, es decir, dicta un decreto que se basa en una ley. Añade que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no solo regula aspectos económicos sino también de seguridad nacional y política exterior, y es por eso que Obama invoca esta norma para declarar la emergencia nacional ante la presencia de una amenaza que pueda ser considerada inusual y extraordinaria. En el caso venezolano la medida tiene como objeto impedir que se continúen violando los derechos humanos. 

Amenaza que no es amenaza

Aunque el decreto del mandatario norteamericano califica al país como una "amenaza inusual y extraordinaria", antes de viajar a la cumbre Obama declaró a Efe que "Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos y EEUU no es una amenaza para Venezuela". Previamente el asesor presidencial sobre Seguridad Nacional de ese país, Ben Rhodes, hizo la misma aclaratoria, pero explicó que así reza el texto del formato utilizado para elaborar las órdenes ejecutivas que permiten al presidente Obama imponer sanciones a entidades extranjeras. 

Los consultores internacionales sostienen que efectivamente Estados Unidos utiliza un texto pro forma para su programa de sanciones y que su contenido se fundamenta en legislaciones antiguas donde el término "amenaza" está circunscrito a temas bélicos. "Esas leyes fueron redactadas pensando en las amenazas convencionales como las amenazas bélicas que representaron en su momento Corea del Norte o Cuba, o los países que aparecen en la lista de los patrocinadores del terrorismo", señalaron.

No obstante, descartan que la razón de ser del decreto sean las relaciones que mantiene Venezuela con Irán o sus presuntos nexos con organizaciones terroristas, lo que justifica el porqué las sanciones no son de naturaleza económica ni bélica, como por ejemplo, un embargo armamentista. "Ni la ley de sanciones ni la orden ejecutiva hablan de elementos de seguridad nacional vinculados al terrorismo o a situaciones bélicas. Siempre habla de violaciones de derechos humanos".

Explican que por la evolución del Derecho Internacional Público, hoy en día la definición de "amenaza" se extiende más allá del contexto bélico abarcando las violaciones de derechos humanos.

Firmas sin efecto

En contraofensiva, el Ejecutivo inició una campaña comunicacional denominada "Obama deroga el decreto ya" y activó, tanto externa como internamente, la maquinaria gubernamental para lograr el apoyo de los países amigos, incluidos los bloques regionales (ALBA y Unasur), y recoger 10 millones de firmas contra la medida.

El derecho estadounidense concede al presidente Obama la potestad de modificar o revocar sus órdenes ejecutivas, pero la decisión es suya. De allí que más allá de un acto simbólico que expresa el descontento de los venezolanos por el dictamen, no existe ningún mecanismo legal para obligar al mandatario norteamericano a revocar su decisión, coinciden en señalar los expertos consultados, quienes agregan que dicha exigencia equivaldría a inmiscuirse en los asuntos internos de Estados Unidos. Fuente: El Universal

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