El ministerio público de Venezuela anunció ayer la detención de ocho oficiales de la Policía del Estado de Aragua (centro) vinculados con el asesinato de cuatro hombres de entre 21 y 35 años, poco después de que un vídeo ampliamente difundido el pasado jueves en las redes sociales documentara la ejecución de uno de ellos por los uniformados. Al Gobierno de Nicolás Maduro, que suele atribuir la desbordada criminalidad de su país a las motivaciones políticas de sus opositores, no le ha quedado más remedio que reconocer el hecho en medio de la condena generalizada de la opinión pública local. Venezuela es, después de Honduras, el país con la más alta tasa de muertes violentas en América Latina.
En las imágenes captadas con un teléfono celular, que fueron publicadas en primer lugar por El Nuevo Herald y Univisión, dos medios asentados en Miami, se aprecia cómo dos funcionarios reducen a un hombre que usa botas industriales. Poco después, un tercer policía le dispara a quemarropa. Malherido, el hombre se desvanece en los brazos de los oficiales.El gobernador de la provincia, el oficialista Tareck El Aissami, ha solicitado al Ministerio del Interior y Justicia que intervenga la policía local y ha ordenado la destitución de los supuestos involucrados. En un comunicado aseguró: “El Gobierno bolivariano de Aragua reitera su compromiso en la lucha contra los antivalores de la humanidad, propios del modelo capitalista”, en lo que parece un esfuerzo por tratar de mostrar el compromiso del chavismo en la lucha contra el crimen.
El asesinato ocurrió el 5 de agosto pasado en el sector San Vicente, al oeste de Maracay, la capital del Estado, donde funciona un vertedero de basura que sirve de guarida a las bandas delictivas. San Vicente fue declarada “zona de paz” por el presidente Nicolás Maduro. En esos sectores el Gobierno retira a la policía y deja en manos de la comunidad el control del orden público. Con el tiempo esas zonas de paz se han convertido en territorios en los que las bandas delictivas imponen su ley.
Desde hace algunos meses San Vicente es el escenario de violentos enfrentamientos entre los delincuentes que controlaban el sector y las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. En la madrugada del 13 de mayo una brigada conjunta de unos 1.500 policías y militares, supervisadas por el propio gobernador, había desalojado la zona y recuperado la custodia del módulo policial. En esa oportunidad fallecieron tres supuestos delincuentes, acusados por las autoridades de extorsionar a los comerciantes y de liderar el ataque con granadas a tres sedes de la Policía Científica en otras localidades del Estado de Aragua.
La prensa local reseñó entonces con amplitud la incursión por las dimensiones del procedimiento y las quejas de los vecinos, que criticaron la desmesurada actuación de la policía. Pero el 11 de agosto, tres meses después del megaoperativo de San Vicente, unas 30 personas armadas, que llegaron camufladas en un camión de limpieza urbana, volvieron a atacar la estación policial de la zona y mataron a un policía del Estado. Los medios dijeron entonces que el ataque obedecía al asesinato de cuatro miembros de una banda.
El Gobierno ha tomado nota de esos enfrentamientos y ha decidido enfrentar a la delincuencia organizada con operativos conjuntos entre cuerpos de policía civil y militar. Maduro los ha bautizado como Operación de Liberación del Pueblo (OLP). El chavismo, que tiene el agua al cuello, busca con este y otros gestos cerrar la ventaja que lleva la oposición en las encuestas para las elecciones que renovarán el legislativo, previstas para el próximo 6 de diciembre. Fuente: Diario Frontera
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