La semana pasada, soldados de la Guardia Nacional de Venezuela pintaron con aerosol una “D” enorme sobre una pared de la casa, indicando que debía ser demolida, luego de haber arrestado y deportado a la nuera de Bonilla, una ciudadana colombiana.
Estas acciones son parte de la ofensiva del presidente Nicolás Maduro contra los colombianos indocumentados que residen en Venezuela, a quienes acusa de la ola de delitos desenfrenada y el desmoronamiento de la economía nacional.La campaña de deportación ha generado pánico en varios municipios fronterizos. Hace más de una semana, Maduro ordenó cerrar la frontera indefinidamente y suspender por 60 días los derechos constitucionales, incluyendo la libertad de protestar sin la aprobación del Estado. El viernes expandió el “estado de excepción” a más municipios fronterizos.
El decreto de emergencia de Maduro “debería haber levantado banderas rojas a nivel internacional”, dijoJosé Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch. “Pero no lo hizo, y las denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos van en aumento”.
Miles de colombianos han huido a pie, atravesando el río que separa las dos naciones sudamericanas, transportando sus mascotas y pertenencias, desde colchones hasta neveras.
El éxodo fue criticado por funcionarios colombianos, entre ellos el presidente Juan Manuel Santos, que la semana pasada dijo que el marcado y la destrucción de casas eran un recordatorio de “episodios amargos de la humanidad que no pueden repetirse”.
Las autoridades colombianas están ayudando a 1.100 deportados y 5.000 colombianos que salieron de Venezuela por su propia voluntad después de que Maduro advirtió que iba a arrasar grandes extensiones de estos barrios pobres. El presidente venezolano prometió otorgar vivienda estatal a la “gente decente” desplazada en el proceso.
“Debe haber respeto por ellos y por sus bienes, en lugar de sembrar el miedo y de generar una estampida humana”, dijo Jaime Vega, un comandante de la policía de Colombia en esta región fronteriza.
José Vielma, el gobernador del estado del Táchira que fue designado por Maduro para supervisar la operación, rechazó las críticas como un intento por calumniar al gobierno izquierdista de Venezuela. El funcionario dijo que las deportaciones terminaron el jueves, pero que muchos residentes todavía están tratando de reubicarse, desmantelando ladrillo por ladrillo sus casas para llevárselos consigo.
“Estoy tan enojado que podría llorar”, dijo un exasperado Bonilla, mostrando la cama doble y la cocina amueblada que puede llegar a perder ahora que su casa ha sido marcada para la demolición. Bonilla sacó una factura de agua reciente como evidencia de que Venezuela, bajo el liderazgo del fallecido líder izquierdistaHugo Chávez, aceptó desde hace mucho tiempo la presencia del barrio improvisado de San Antonio al que le ofreció servicios públicos. Fuente: La Patilla
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