Un nuevo obstáculo para el ejercicio de su labor a favor de los Derechos Humanos enfrentó ayer el equipo coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), al cual funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) les impidió ingresar al Helicoide para verificar la situación en la que están los jóvenes y estudiantes detenidos por las protestas que protagonizaron desde febrero pasado.
La denuncia la formuló el coordinador de la agrupación, Marino Alvarado, quien en conversación telefónica con El Universal aseveró: "Hoy (por ayer miércoles) es día de visita en el Sebin. Cualquier persona puede venir a visitar a cualquiera de los detenidos aquí. Nosotros decidimos venir a conversar con los estudiantes detenidos y saber cómo se encuentran, al llegar nos identificamos como miembros de Provea ante los funcionarios, los cuales nos negaron el acceso alegando simplemente órdenes superiores".
Pese a que el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos aseguró que reportó la irregularidad ante la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien se comprometió a tomar cartas en el asunto, ninguno de los activistas de Derechos Humanos pudieron ingresar y a eso de las dos de la tarde se retiraron de la sede del organismo de inteligencia.
Investigan denuncia de tortura
Aunque la visita se produce días después de que el joven Gerardo Carrero (detenidos en la operación policial y militar que en mayo pasado permitió desmontar los campamentos instalados en distintos puntos de la ciudad para protestar contra el Gobierno) denunciara haber sido torturado en el Sebin, el vocero de Provea aseguró que la misma la tenían planificada previamente.
"La semana pasada decidimos venir acá para realizar nuestro trabajo de monitoreo de la situación de los estudiantes detenidos. La denuncia simplemente coincidió", afirmó Alvarado.
El miércoles el Ministerio Público informó que al fiscal Tony Rodríguez se le encomendó la tarea de investigar la veracidad de los señalamientos realizados por Carrero, a quien el Ministerio Público logró que sea enjuiciado por la presunta comisión de los delitos de incitación a la desobediencia de las leyes, tráfico de drogas en menor cuantía y obstrucción a la vía pública.
189 investigaciones
Durante los meses de febrero y junio decenas de denuncias de abusos y excesos por parte de policías y militares contra manifestantes detenidos fueron reportadas y organizaciones como Human Right Watch decidieron llevarlas inclusive al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aunque las autoridades han asegurado que es política del Estado respetar los Derechos Humanos la actuación de algunos funcionarios en distintos lugares del país han puesto en entredicho esta versión.
Hasta junio el Ministerio Público admitió tener 189 investigaciones contra policías y militares por malos tratos, tortura e incluso homicidio y hasta ese momento 13 uniformados estaban tras las rejas, cinco más se encontraban en libertad condicional y dos evadidos. Fuente: El Universal
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