En 13 días que llevan los estudiantes y la sociedad civil de todo el país protestando contra la represión y las políticas del Gobierno presidido por Nicolás Maduro, la organización Foro Penal Venezolano ha contabilizado hasta la tarde del martes, 609 personas detenidas, 18 torturados verificados y están procesando las denuncias de dos personas del estado Barinas que también fueron golpeadas, vejadas y torturadas por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado.
"La noche del lunes hubo más detenciones y denuncias de trato cruel que seguimos procesando", aseguró la abogada y activista de los Derechos Humanos, Tamara Sujú.
Sin embargo, el último reporte que entregó ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, presidida por la diputada al Parlatino y abogada, Delsa Solórzano, manejaba la cifra de 596 detenidos en todo el país.
El informe precisa que sólo la noche del 24 de febrero se detuvieron 111 personas, de las cuales 60 esperaban por audiencia al cierre de esta edición, 30 quedaron en libertad plena y 11 en libertad condicional.
"Entre el 12 y 23 de febrero se contabilizaban 485 detenidos, 164 quedaron en libertad plena, 296 en libertad condicional, seis con medidas de arresto domiciliario y 19 privados de libertad", precisó Solórzano
Jubilado de la ULA en Caracas
De los casos privados de libertad el 21 de febrero, destaca el del jubilado de la Universidad de Los Andes (ULA), núcleo Mérida, Ramón Antonio Ruiz de 62 años de edad, quien fue trasladado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de la sede de la Policía de Mérida, ubicada en el sector Glorias Patrias a Caracas, sin que el Tribunal 6to de Control que lleva la causa en la región notificara a su defensa de la decisión.
"Ramón Ruiz se despidió la mañana del viernes (21F) y salió a la calle para apoyar a los jóvenes de la ULA, quienes exigían el cese de la represión y la libertad de sus compañeros. Efectivos de Polimérida lo detuvieron y lo acusaron de financiar terrorismo porque cargaba un dinerito en el bolsillo", narró su hermana, Moraima Peña Ruiz, quien viajó a la ciudad capital a conocer sobre el paradero del jubilado y está siendo asistida por abogados del Foro Penal Venezolano.
La abogada Tamara Sujú, denunció que la audiencia de Ruiz se realizó de "forma irregular" porque se constituyó el Tribunal dentro de la sede del cuerpo policial y no en el Circuito Judicial de Mérida.
Además, señaló que a Ruiz se le acusó de los supuestos delitos de "terrorismo, financiamiento al terrorismo, resistencia a la autoridad, instigación a delinquir y alteración al orden público. Al final se anularon los delitos de terrorismo y financiamiento y se ordenó su reclusión en la Penitenciaría de Lagunillas", dijo.
"El domingo cuando los familiares fueron a visitarlo y llevarle ropa, comida y sus medicinas se encontraron que el Sebin lo había trasladado a Caracas sin notificar a sus abogados (...) Cuando se realiza el traslado de un detenido de un estado a otro, el Juzgado está obligado a notificar y eso no ocurrió. Su familia está preocupada y exige a las autoridades que se les informe dónde está y en que condiciones se encuentra", enfatizó Sujú.
Piden a Berthé avocarse
El abogado Aníbal Ruiz Alvarado, se trasladó junto a los familiares del ex trabajador de la ULA al Ministerio Público en Caracas para entregar un documento donde le solicitan a la directora de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berthé, avocarse al conocimiento de la causa.
"Esto es violatorio de los derechos constitucionales tanto de Ruiz como de su familia porque ellos no saben en qué estado está, cuáles son los cargos que se le imputan o si mantienen los cargos que impuso el Tribunal en Mérida". Además, "si se encuentra en algún centro de reclusión en Caracas está técnicamente incomunicado por no decir desaparecido".
"Estamos angustiados, no nos dicen nada. Mi hermano es un hombre de 62 años que lo único que hizo fue apoyar a los jóvenes que luchan por un mejor país", reclamó la hermana de Ruiz. Fuente: El Universal
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