En Venezuela "el acceso a la información pública es un derecho que no se ha convertido en práctica a pesar de que la Constitución garantiza el derecho a estar informado de forma eficaz, veraz y oportuna". Así lo advirtió la Coalición Pro Acceso, con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial de la Información Pública, en un informe titulado "No hay verdad, sin información pública"; en el cual reclamó de las autoridades hacerlo letra viva.
"Son miles los datos, informes, estudios, contratos, reportes públicos básicos que en Venezuela no están disponibles para los ciudadanos, aun mediante una petición formal presentada con los requisitos establecidos en la ley", puntualizó la alianza integrada por Transparencia Venezuela, Espacio Público, el Sindicato nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Grupo Social Cesap, el Instituto Venezolanos de Estudios Sociales y Políticos; y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Las siete organizaciones reclamaron el acatamiento del artículo 28 de la Constitución , el cual reza: "toda persona tiene el derecho (...) a acceder a documentos (...) que contengan información cuyo conocimiento sea de su interés para comunidades o grupos".
Al resaltar que la "gestión pública tiene fallas evidentes en transparencia y máxima divulgación de la información" el texto recordó la obligación constitucional de que el Banco Central de Venezuela (BCV) "rinda informes periódicos sobre las variable macroeconómicas" y cuestionó que "desde hace más de dos años los venezolanos no tenemos acceso a esta información" ni "tenemos información sobre los proyectos que se han financiado" con el Fonden.
La Coalición también alertó que "el conocimiento de datos, documentos y voces es esencial para garantizar un ejercicio de la libertad de expresión" y que sin ese acceso "no hay contraloría social".
"Vencer la cultura del secreto se ha convertido en una tarea cuesta arriba para las organizaciones de la sociedad civil que requieren de datos oficiales para emprender programas de desarrollo que impulsen políticas a favor del beneficio de la comunidad", afirmaron los firmantes del informe.
También reprocharon que en la comunicación oficial hay "mucha propaganda y poca información". "Cada día el presidente Nicolás Maduro se apropia de 45 minutos de los medios para dar anuncios en cadena nacional, y los canales del Estado desde hace años solo transmiten programación que va de la mano de los intereses gubernamentales y, más grave todavía, de la conveniencia del partido" de Gobierno.
La Coalición culpó a "la censura en los medios de comunicación, ejecutada por las nuevas gerencias de los canales privados vendidos a grupos económicos poco conocidos" de dirigir a la opinión pública hacia las redes sociales "como las principales fuentes informativas, sin contar éstas con ningún tipo de mecanismo natural que pondere la información certera frente a la tergiversada".¿
Por último, denunció que conceptos como el de transparencia "se disuelven entre leyes, sentencias y decretos que promuevan la opacidad".
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