La Asociación de Alcaldes por Venezuela, que agrupa a los 76 funcionarios electos en la plataforma de la Unidad, denunció en un comunicado "la violación del derecho a la defensa", "los atropellos", "persecución política" y "trato vejatorio e infamante" del que ha sido víctima Daniel Ceballos, "alcalde inconstitucionalmente destituido", detenido desde el 19 de marzo "en el ala de castigo de la cárcel militar de Ramo Verde".
La agrupación ratificó su solidaridad con la alcaldesa Patricia de Ceballos, quien debió asumir la candidatura en la repetición de las elecciones en San Cristóbal y expresó su disposición de "realizar en lo interno y, si fuere pertinente, en lo externo, las acciones a que hubiere lugar en defensa de los derechos constitucionales y humanos de Daniel Ceballos".
Los alcaldes están alerta ante la audiencia judicial de Ceballos, prevista para este jueves 18 de septiembre.
"Un juicio penal en el cual sólo se ha permitido al Ministerio Público aportar sus elementos probatorios sin que a Daniel Ceballos se le haya permitido valorar sus defensas y promover casi la totalidad de las pruebas que a su favor han pretendido sus abogados. De los 86 testigos, 3 expertos e varios informes y reportes contenidos en más de 1.500 folios, así como 11 artículos de prensa, 8 videos y planos e infografías referidas al caso que fueron promovidas por la defensa de Daniel Ceballos, el tribunal sólo permitió la declaración de apenas 12 testimoniales, en violación directa de su derecho a la defensa constitucionalmente protegido", denuncia el comunicado de la Asociación de Alcaldes.
Ratifican que el mecanismo por el cual Ceballos fue destituido no existe en ningún ordenamiento legal del país.
"Las normas procesales son de orden público y de reserva legal. No podía el Tribunal Supremo de Justicia establecer un procedimiento inexistente en el ordenamiento jurídico venezolano y aplicárselo al alcalde Ceballos para producir su detención y destitución de su cargo de elección popular. La prueba más evidente de esta violación constitucional al debido proceso ha sido la reciente reforma a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías constitucionales realizada por la Asamblea Nacional, en la cual se estableció a posteriori el procedimiento aplicado a Ceballos que en ese momento no existía", precisa el texto.
La asociación condena, además, "el trato vejatorio e infamante que ante los medios de comunicación social han expuesto en su contra los más altos representantes del gobierno nacional, sin que se le haya permitido a él el ejercicio del derecho a réplica en igualdad de circunstancias y en violación a la constitucional presunción de inocencia", denuncia el comunicado. Fuente: El Universal
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