Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) es muy clara al establecer que el Estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la salud, como parte del derecho fundamental a la vida, ese principio parece haberse desvirtuado.
Actualmente, el panorama que se aprecia en los diferentes centros asistenciales de la red pública, evidencian un cúmulo de problemas y carencias de los que dan cuenta médicos y pacientes del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), cuya situación ha sido calificada por estos como “insostenible y deprimente”.
