La aprobación de la Ley contra la Tortura fue saludada por las Naciones Unidas. Sin embargo, en esa instancia consideran que ese instrumento debe ser ajustado porque "presenta carencias" tales como que "sólo se aplica cuando las víctimas están bajo la custodia del funcionario público" o no castiga que "funcionarios públicos (...) hayan instigado o consentido actos de tortura infligidos por personas naturales".
El artículo 17 de esa norma castiga con hasta 25 años de cárcel, e igual de inhabilitación, al policía, militar, fiscal o juez que lesione a una persona para intimidarla, castigarla o lograr que confiese.
